Los partidos de izquierda y los mecanismos de relojería

José Luis Rodríguez Zapatero tiene un vocabulario escaso y unas frases manidas que repite con frecuencia. No es un intelectual ni un estratega: su terreno de juego es el área donde hace faltas sin que las note el árbitro y elimina a los defensas que le incomodan su juego. Su pasado en las juventudes socialistas de León y en el PSOE está lleno de las tumbas de sus adversarios políticos. De la vieja “nueva vía” no queda casi nadie como testigo de sus orígenes.

No es orador: mueve las manos como un recurso impostado para llamar la atención pero sus expresiones son la exaltación continua de la obviedad. “Voy a hacer lo mejor para España…” “Me voy a dejar la piel en el empeño…”. Pero raramente explica un proyecto con detalle.

Su especialidad son publicitar leyes en el momento que se promulgan y no preocuparse más de ella. Sus mejores asesores son vendedores de humo y el humo se desplaza en cuanto hay un ligero viento en el aire.

El Ministerio de Igualdad era pieza angular de su gobierno en el mes de marzo y lo suspendió sin explicaciones en septiembre. Colocó a las piezas que le sobraban no en función de su idoneidad sino para darles una salida personal. Leire Pajín, que no podía seguir como secretaria de Organización –el cargo más efímero en la historia del PSOE-, a Sanidad y Trinidad Jiménez a Exteriores. La Ley de Memoria Histórica era esencial en este periodo de sesiones y nunca se desarrolló el reglamento que hiciera posible el cumplimiento de sus fines. Y así hasta la saciedad. La Ley de Libertad Religiosa, promesa electoral no verá la luz. La Iglesia no ha perdido uno sólo de sus privilegios. El Estatuto de Cataluña que con tanto entusiasmo apoyó a iniciativa de un Pascual Maragall que segura y lamentablemente ya estaba enfermo, ha dejado esa comunidad autónoma como un campo de minas y a su partido hermano el PSC en la unidad de cuidados intensivos.

La negociación con ETA estuvo hecha desde el voluntarismo y la improvisación. Se fió de unos asesores incompetentes. No reaccionó cuando ETA robó cuatrocientas pistolas en Francia en medio de la anunciada tregua. Y sus declaraciones la víspera del atentado de la T-4 pasarán a la historia como un ejercicio mágico de estulticia. Solamente una formidable eficacia policial posterior al final de la negociación y la labor de Francia han revertido el desastre de la negociación con ETA y han convertido a la lucha antiterrorista en uno de los mejores activos de su gobierno.

Negó la crisis hasta que se derrumbaron los muros de Jericó: practicó la demagogia de la obligación imposible: “Mi compromiso es que los débiles no pagarán los efectos de esta crisis”.

Hubo un tiempo en que su dialéctica contra los poderosos era recurrente. Los poderosos nunca han estado más protegidos que en la España de José Luis Rodríguez Zapatero. Es cierto que de la derecha del PP no podemos esperar más que menos piedad con los débiles: pero, ¿es ya un señuelo suficiente para movilizar al electorado de izquierda o la decepción está instalada sin tener en cuenta el apellido del sucesor de Zapatero?

Por si alguien tenía dudas sobre el autoritarismo de los partidos de izquierda, que tienen poco que envidiar al PP en este sentido, la radiografía de la sucesión de Zapatero es un ejemplo más del desprecio que siente este líder por los militantes de su partido.

El pasado fin de semana dijo que el problema de España no era si él se presentaba a la reelección o no. Y pidió que ese tema no se tratará en medio de las más ridículas hipérboles de su coro de tiralevitas y lisonjeros: “¡Zapatero es el mejor dirigente socialista de la historia del PSOE!”. El ridículo llegó al extremo de que bien se podía pensar que estaba celebrándose un funeral, porque sabido es que en España sólo se habla así de los muertos, y no de todos. Al día siguiente incumplió su propia norma en una entrevista televisiva. Sus complicidades con Pedro J. Ramírez son obscenas hasta el vómito.

Ahora vayamos al proceso de sucesión. Hay comentarios en off the record de los principales líderes políticos. Barajan soluciones como si el partido fuera propiedad de ellos. No tienen presente que supuestamente el PSOE es una organización democrática y que la palabra final la tienen los militantes constituidos orgánicamente en propietarios de la soberanía del partido.

Hace tiempo que el PSOE fue abducido por La Moncloa. Es previsible que independientemente de lo mediocre, predemocrático y oportunista que es Mariano Rajoy, consiga, sin hacer nada, que al PSOE haya que buscarlo con microscopio electrónico.

Pero hay algunas cosas que no podemos perder de vista para recuperar una cierta autoestima de una izquierda destruida en sus principios.

Primera: el partido que fundó Pablo Iglesias está lleno de páginas gloriosas en la que muchos de sus militantes de base dieron su vida por el partido y se dejaron todo para conseguir los sueños de un mundo mejor.

Segunda: muchos de esos militantes siguen vivos. Son seres anónimos dispuestos a luchar por lo que creen y a los que se les ha robado la posibilidad de participar en el partido y en sus procesos internos.

Tercero: hay muchos socialistas mediocres que han hecho de la política una profesión y a los que va a haber que desprender de la organización con agua caliente.

Cuarto: es muy difícil una transformación del partido en una organización democrática, dinámica, volcada en la sociedad, sin compromisos con los poderosos y dispuesta a crear un pensamiento progresista y socialdemócrata para la era de las tecnologías y la globalización. Pero esa transformación profunda es la única posibilidad de supervivencia que tiene el socialismo.

Aprendamos de los tunecinos y los egipcios: las redes sociales son mágicas porque no admiten el control de los poderosos. Empecemos a activar los mecanismos de una revuelta democrática que devuelva el control de los partidos (incluyo a Izquierda Unida y a sus disputas entre el PCE y el resto de la organización) a los militantes y proyecte su acción en la sociedad. Todavía queda esperanza. No puede ser que los partidos de izquierda estén en manos de los dirigentes de los partidos que tienen las herramientas para manejar las organizaciones como si fueran mecanismos de relojería inaccesibles para el resto de los militantes.

Carlos Carnicero es periodista y analista político
Blog de Carlos Carnicero: http://www.ccarnicero.com/

Comprender España

En realidad, este título le viene grande al artículo (podría titularse Díez no comprende España), ya que bajo el mismo, se podría escribir un ensayo en lugar de este modesto texto. Sin embargo, creo que es oportuno apuntar algunas ideas al respecto, en respuesta a la postura patriotera que Rosa Díez, diputada de UPyD, ha defendido en el Debate sobre el Estado de la Nación. Lo que ha unido, territorialmente hablando, estas semanas el mundial, lo desatan y echan por la borda personajes políticos de esta altura.

En primer lugar, habría que recordarle a la señora Díez que el Estatuto de Cataluña fue aprobado por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados y en el Parlament (lo que en democracia le otorga toda la legitimidad necesaria) y que además fue sometido a referéndum lo que le da ración doble de este ingrediente vital en política. En este sentido, y apoyándonos en el concepto clásico de Legitimidad en las Ciencias Políticas, se puede incluso afirmar (políticamente, no judicialmente) que este Estatuto, con estas credenciales democráticas, es muchísimo más legítimo, de cara a la ciudadanía, que cualquier fallo judicial venga de quien venga. No se me malinterprete: un Tribunal en democracia es plenamente legítimo y constitucional, pero quiero decir que lo que la gente vota directamente, y votan nuestros representantes tiene ese plus de legitimidad.

En segundo lugar, habría que enseñarle algo de Historia de España a la mencionada diputada por Madrid, para que no diga vaciedades en la Tribuna. En los libros de texto de los colegios e institutos se les enseñaba a los niños (no sé si lo seguirán haciendo, pero me temo que sí y dependerá de la Comunidad) que España nace como nación con los Reyes Católicos, como si en el siglo XV existiese siquiera el concepto contemporáneo de Estado-Nación (concepto surgido en el romanticismo, por cierto). Está claro que en todos los países se tunea la historia para hacer creer a los ciudadanos que tenemos una conexión mística, genética y visionaria con un pasado glorioso. El nuestro obviamente no es una excepción, pero al ser España un país de países, enseñar mal la historia de España a los Españoles traerá (viene trayendo ya desde el siglo XVIII con el primer Borbón y su visión centralista del Estado) consecuencias negativas, que más que fortalecernos y cohesionarnos como país, favorece precisamente el distanciamiento sentimental entre los territorios de la península.

Fijar el inicio de España en la unión matrimonial de Isabel I (de castilla) y Fernando II (de Aragón) es sencillamente una falacia. Durante todo el Reinado de estos católicos reyes (maticemos que el título de Católica Majestad se lo concede el Papa a Fernando) los distintos reinos peninsulares mantuvieron sus instituciones propias, sus propias leyes, y sus propias monedas, símbolos inequívocos del Estado-nación. Esto se mantuvo así durante toda la dinastía de los Austrias, dinastía que además de la península Ibérica controlaba también Milán, Flandes y Borgoña (entre muchísimos más territorios). Tenemos un ejemplo hoy día: aunque Canadá o Australia compartan rey o reina con Inglaterra, no se puede decir que sean el mismo país, sino que son países soberanos e independientes: eso ocurría de algún modo (y salvando las enormes distancias que no caben explicar en profundidad) en la España medieval y moderna.

Por otra parte, el terreno accidentado de la península que no facilita el moverse fácilmente de Andalucía a Navarra (salvo con importantes y modernas infraestructuras y medios de transporte) durante siglos favoreció diferencias subculturales en territorios próximos, y así por ejemplo en Euskadi encontramos distintos dialectos del euskera. Con esto que expongo no quiero negar la existencia de España, que es evidente, sino matizar qué significa España.

Nuestro país es muy rico culturalmente y tiene buenas posibilidades de futuro si hacemos bien las cosas, pero atendiendo a estas cuestiones lo que queda claro es que España no es una, sino muchas. Y esta es una de las grandezas de nuestro país y en sus diferencias está su ventaja competitiva. Por tanto, vamos a aprovechar nuestro equipaje común en la construcción del Estado-Nación, pero sin maniatar los sentimientos de ningún territorio.

Desafortunadamente para el parlamentarismo de España, la señora Rosa Díez tomó ayer en el debate el papel que le corresponde a la ultraderecha (como hace otras veces Rajoy), apoyándose tan sólo en el superficial y ridículo discurso patriótico, dejando de lado todas las cuestiones de gran calado y que realmente nos interesan. Oscar Wilde decía que “el patriotismo es la virtud de los depravados” y Shopenhauer que “todo imbécil execrable, que no tiene en el mundo nada de que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso, de vanagloriarse de la nación a la que pertenece por casualidad”.

Alfonso Cortés González es profesor de Comunicación Política en la Universidad de Málaga

El PP (surrealista) quiere gobernar desde la oposición

La realidad es que se está consiguiendo que a fuerza de repetir disparates terminen por parecer cosas razonables. Mariano Rajoy no tiene ningún problema en afirmar que está dispuesto a apoyar al Gobierno, siempre que este aplique las ideas del líder del Partido Popular. La afirmación es terrorífica. Primero, ¿cómo sería posible que el PP dejara de apoyar al gobierno socialista si este aplica las ideas del PP? Segundo: ¿cómo un gobierno va a ejercer sus obligaciones aplicando las ideas de la oposición y renunciando a las suyas? Y, tercero y más importante: ¿qué legitimidad tiene el partido que ocupa la oposición y que ha perdido las elecciones para pedirle al ejecutivo que sustituya sus políticas por las de quien no tiene la confianza de los ciudadanos?

Lo correcto sería que el PP dijera que no quiere apoyar al Gobierno ni en situación de excepcionalidad; es insoportable que esta evidencia se intenté disimular con la pretensión de que no ayuda al Gobierno porque este no claudica de sus ideas. Lo que pretende el PP es como casi siempre burlar las consecuencias razonables de sus propios actos.

La política se aleja de los ciudadanos en la medida que el surrealismo sólo es comprensible por las minorías que están interesadas en sumergirse en un modelo cultural complejo e intensamente contradictorio entre la realidad visible con otra impuesta por objetivos dirigidos a evitar la racionalidad sustituyéndola con otra inventada al efecto.

No creo que el surrealismo sea un movimiento cultural enraizado en la calle Génova; sin embargo, lo practican con el cinismo de quien cree que todo viene bien si conviene. Mariano Rajoy hace declaraciones cotidianas de sumisión a la Justicia al mismo tiempo que proclama que Francisco Camps será candidato independientemente de lo que digan los tribunales. El PP anuncia la ruptura del pacto por la educación porque después de semanas de negociación y de concesiones no se asumen íntegramente sus postulados.

La parroquia del PP se está acostumbrando a creer a pies juntillas los mayores dislates sólo por la solemnidad con que se repiten. Y ocurre que en la derecha extrema están asentados medios de comunicación que constituyen un eco inagotable de tales despropósitos. Mientras, la maquinaria de publicidad del Gobierno es un talabarte que no tiene la más mínima utilidad. Así se prepara el camino inevitable para que el Gobierno se instale en la oposición. Es de libro.

Carlos Carnicero es periodista y analista político
Blog de Carlos Carnicero

Crisis (yV). Las responsabilidades de Zapatero y la recuperación de la normalidad democrática

Si hemos convenido que la recuperación del franquismo sociológico y soterrado se debe a la gestión política de José María Aznar, habrá que establecer también que es urgente aislar ese tardo fascismo por fórmulas y procedimientos democráticos. Pero siempre desde el respeto a la ley. No es malo recordar ahora la reciente sentencia de Egunkaria como faro que debe guiar los pasos legislativos para que el respeto a la Constitución sea en norte de las más enérgicas respuestas a toda fórmula de fascismo.

El pensamiento autoritario no tiene una formulación política organizada relevante en España. Muchos de quienes serían votantes de un personaje semejante a Le Pen en España encuentran acomodo en el Partido Popular, que juega con dobles varas de medir, juntándose a los postulados más reaccionarios de la Iglesia Católica, para separarse formalmente de ellos cuando el efecto sociológico ya se ha instalado en la parte de la sociedad que quiere tener rehén de sus presupuestos electorales por la derecha. Ha ocurrido con la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo y ocurrió con la vinculación estrecha a las plataformas más conservadoras de víctimas del terrorismo.

Ocurre que la falta de consecuencia del PP le permite escaparse en el límite de las situaciones cuando pudiera quedar encallado en sus posiciones ultramontanas. Pero dentro del PP existen dirigentes de distinta sensibilidad que se unifican al toque de la tecnología de la confrontación.

Hay quién se pregunta que cómo es posible que Falange se pueda querellar contra el Juez Garzón. La respuesta es muy sencilla: porque esa ominosa organización es legal en España. Está inscrita en el Ministerio de Interior como partido legal y cuenta con todos los derechos constitucionales. Pero, ¿por qué es legal? Pues sencillamente porque nadie se habrá tomado la molestia de promover una causa de ilegalización por motivos semejantes a los que fue ilegalizada Batasuna. Y de eso no tiene responsabilidad el Tribunal Supremo; hay un problema político previo, que es la voluntad del ejecutivo de instar a su ilegalización.

En la confusión que reina en España entre procedimientos y motivaciones jurídicas y aquellos que son de índole político, los partidos están perdiendo la iniciativa y la sociedad les va a tomar la delantera. El Gobierno socialista quiso apoderarse de la solución de los problemas pendientes de la dictadura y con todo tipo de propaganda elaboró una Ley de Memoria Histórica que lejos de solucionar los problemas que pretendía los ha conseguido sacar del cauce institucional y desbordarlos fuera de las instituciones.

En ese contexto, la situación actual es de enorme gravedad. Una parte de la sociedad ha identificado al Juez Garzón con la causa de las víctimas de la guerra civil, ungiéndole de una pátina de héroe con la que quieren blindarle contra todo tipo de responsabilidades en el ejercicio de su cargo. Para ello han establecido las conexiones del Tribunal Supremo -cuyo presidente conservador fue designado personalmente por el presidente del Gobierno- con la extrema derecha y con una operación conspirativa para acabar con la carrera del magistrado Garzón. Ninguno de los tres procedimientos incoados para estas causas les parece razonable. Pretenden, sencillamente, que Garzón quede al margen de la ley, porque no se trata de condenas establecidas sino de investigaciones en curso por distintos magistrados a los que universalmente se les hace caer en la responsabilidad de fascistas, habiendo llevado el fiscal Carlos Jiménez Villarejo al paroxismo de decir que son cómplices o corresponsales de las atrocidades del franquismo. Si el criterio es general, apoyado en el hecho de que estos jueces ya lo eran con anterioridad a la muerte del dictador Franco en 1.975, la nómina es extensa e incluiría al propio fiscal Villarejo que lo fue de ese sistema judicial represivo desde 1,966. Si se van a establecer excepciones, convendría un vademécum e inventario para salvar a los inocentes en estos tiempos de causas generales. O ahora es franquista todo juez y toda persona que observe indicios de delito en los comportamientos de Garzón; ¿tendrá razón entonces el PP cuando plantea que las pruebas de la corrupción se fabrican en los laboratorios de la policía socialista? Si cada parte elabora una teoría de la conspiración para salvar a los suyos, la suerte de este país está echada.

Pero de donde nace este desbordamiento de pasiones encontradas que no se recordaba en España desde los tiempos del golpe de estado del 23-F. Zapatero abrió una vía que se ha quedado estrecha y ahora está desbordada, porque lo que se discute es si el atajo que quiso tomar Garzón para superar una Ley de Memoria Histórica estrecha, era legal o no lo era. Si lo que se le niega al Tribunal Supremo es la legitimidad para pronunciarse sobre ello, estamos ante una situación sin fácil salida en la que la salvación y la exaltación de un juez polémico va a terminar con el prestigio de la más alta magistratura. Habida cuenta de que el Tribunal Constitucional está en la picota por el Estatuto Catalán, la situación no puede ser más delicada.

¿Donde está el Gobierno y donde los demás partidos parlamentarios en esta alta tensión sobre las instituciones? Pareciera que están de oyentes; siguen si ponerse de acuerdo en los instrumentos de reforma del Poder Judicial, si es que estima que esa reforma es necesaria. Y, por otro lado, los nombramientos y los mecanismos para llevarlos a cabo también dependen del parlamento. ¿Por qué nadie les reclama a los partidos su absentismo y su responsabilidad, y en primer lugar al Gobierno?

No queda mucho tiempo para que el deterioro sea irreversible. Y el presidente de Gobierno, que tuvo la iniciativa de la ley de Memoria Histórica y tiene la llave para la renovación de las instituciones, no puede mantenerse al margen observando como la calles se inflama y pidiendo que las críticas se hagan desde la calma. Quien considere que el Tribunal Supremo no es respetable y no debe ser respetado que lo grite a los cuatro vientos. Yo me quedo con el Estado de Derecho y sus déficit los reclamo al poder ejecutivo y al poder legislativo, que tienen toda la legitimidad y todo le poder para cambiar las cosas que no les gusten y para modificar radicalmente las más altas instituciones. No hacer nada, observar en silencio este deterioro y pretender que todo obedece a fuerzas ocultas era hasta ahora el privilegio de las teorías de la conspiración de la derecha más reaccionaria y de los medios de comunicación más abominables. Si generalizamos la utilización de la sospechas sobre las instituciones y sobre quienes las componen sólo habremos homologado los comportamientos de la derecha con los de una parte significativa de la izquierda. Un precio excesivo para la exaltación universal y el blindaje de responsabilidad penal de un juez con una trayectoria cuando menos cuestionable.

PD: cada día hay menos diferencias entre muchos fanáticos de la izquierda con los de la derecha. Las opiniones vertidas en forma de insultos, juicios de intención y descalificación global retratan a una parte de la sociedad que está tan enferma si pretende blindar esos comportamientos en ideologías progresistas o conservadoras. El pensamiento autoritario es envolvente y disuelve todas las ideologías. Los fanáticos son sencillamente agotadores, pero sobre todo para ellos mismos. Habrá que regalar espejos para que se miren por la mañana quienes así actúan cada vez que se expresan.

Carlos Carnicero es periodista y analista político

Crisis (IV). La transición, los vacíos ideológicos y la izquierda sin camino

Se ha puesto de moda demonizar la transición. Y no se toma casi nadie la molestia de atisbar en el vacío ideológico y político de nuestra época. No hay nadie capaz de impulsar energías renovadoras que adecuen la democracia a la globalización y la tentación de la izquierda, o al menos de una parte de ella, es convertir la nostalgia de la Transición en revisión. De esa manera nos aliviamos todos de analizar nuestras propias responsabilidades y las trasladamos a quienes liquidaron el franquismo y consagraron una democracia moderna sin ninguna servidumbre con lo anterior: todas las opciones fueron tomadas libremente, sorteando y condenado las presiones golpistas con un procedimientos judiciales que fueron ejemplarizantes: me refiero, claro, al juicio de Campamento del 23-F y a la operación Galaxia, entre otras intentonas fracasadas golpistas. La democracia siempre ganó la batalla y no tuvo que hacer ninguna concesión que no pensaran los partidos democráticos que era acreedora para garantizar la libertad de todos los españoles.

El Estado de las Autonomías es un buen ejemplo. ¿Alguien puede sostener que los estatutos catalán, vasco o gallego no se realizaron de acuerdo a la libre voluntad de la soberanía popular radicada en las Cortes Generales? ¿Piensa a alguien que los residuos del franquismo estaban felices con la Constitución del 78, con la Ley de Amnistía y con los estatutos de autonomía?

El franquismo sociológico y político estuvo avergonzado y escondido hasta la llegada de José María Aznar a la política nacional. Piénsese en aquellos años de gobiernos de Felipe González en las que nunca el franquismo hizo eclosión.

Ocurrió que al llegar José María Aznar a la política inició una revisión de la transición que envalentonó a la derecha sumergida y la hizo reaparecer, tomando un espacio que ahora se niega a abandonar.

Pero seamos rigurosos con los hechos y sus protagonistas.

Primero: ¿cómo llegó Aznar al poder? En 1993 se produjo una enorme decepción en la dirigencia popular. Aquella noche electoral salieron los mismos que berrean hoy a denunciar un pucherazo electoral. La mentira era tan burda que no la pudieron sostener ni unos minutos más. Y a partir del día siguiente de la constitución del gobierno democrático de Felipe González se inició una conspiración en toda regla para desalojarle del poder.

Y, segundo: ¿Quiénes estaban en aquella conspiración? En primer lugar José María Aznar que no estaba dispuesto a esperar cuatro años para ir a La Moncloa. Pero hacían falta más mimbres y los hubo: en primer lugar, el sindicato del crimen. Un grupo de periodistas de distintos medios de comunicación, a la cabeza de los cuales estaban Pedro J. Ramírez –ahora periodista de cámara de José Luis Rodríguez Zapatero-, Luis María Ansón, Pablo Sebastián, el fallecido Julián Lago, Raúl del Pozo, etc. Para las hemerotecas está la famosa foto de Marbella en la que también ponía su granito de arena el premio Nóbel, Camilo José Cela.

Pero hacía falta tener el aparato judicial engrasado para acabar con aquel gobierno democrático. Entonces, el magistrado Baltasar Garzón, que se había presentado como número dos en las listas electorales de Madrid, salió despechado del Ministerio del Interior, donde aspiraba al cargo de ministro, entregó su acta de diputado. Nunca olvidaré –ya lo he publicado en varias ocasiones- la conversación que tuve en el Hotel Villamagna de Madrid, el mismo día que acudió a La Moncloa para decirle “sí” a Felipe González en su oferta como número dos de Madrid. Le dije al magistrado, “sabes que Felipe te está utilizando como símbolo contra la corrupción y cuando gane no va a darte nada de lo que te ha prometido”. El magistrado me contestó: “Felipe no puede hacerme eso, porque él sabe todo lo que yo sé”. Me quedé impactado con la respuesta del juez. Luego lo entendí todo. Lo he publicado varias veces. Nunca he conseguido que el juez se querelle contra mí porque me hubiera encantado un careo sobre aquellas conversaciones.

Volvió a la Audiencia Nacional, rescató los papeles de Segundo Marey cuando estaba a pocos días de prescribir el caso, y se organizó la trama judicial contra Felipe González.

Las reuniones en el despacho de Pedro J. y en el de Baltasar Garzón con el ex policía Amedo condenado después por asesinato, dictando por colleras el sumario reabierto, fueron antológicas. Entonces muy pocos sectores de la izquierda denunciaron la confabulación de la Justicia, cuya punta de lanza era Garzón, pero no sólo Garzón, con lo más siniestro del periodismo nacional que todavía sigue activado, y con las fuerza de choque del PP: piensen en Francisco Álvarez Cascos, Federico Trillo, Luis Ramallo: azote del gobierno socialista. Se organizó una auténtica cacería de los ministros socialistas cuyo objetivo, no conseguido, fue procesar al presidente constitucional del Gobierno de España. ¿Dónde estaban entonces quienes pretendían impedir el regreso del franquismo sociológico a España? ¿La Justicia de entonces, era menos franquista que la de ahora? El juez que colaboró en la llegada de la derecha a este país, ¿es ahora abanderado del antifranquismo? A mí me da la impresión de que hacer las cosas tan elementales es una trampa para aliviarse de las transformaciones que necesita la izquierda española.

La mayor parte de los intelectuales de este país cayeron en la trampa. La ecuación era muy sencilla: denunciar la operación judicial y política contra Felipe González era arrostrar el desprestigio de pasar por ser defensores del GAL. La trampa era impecable y muchos intelectuales que presumían de ser de izquierda cayeron en ella. Son los que siempre se miran al espejo porque sólo les interesa la imagen que se proyecta de ellos; hacer frente a posiciones impopulares, por su complejidad de pensamiento, es un deporte que tiene muy pocos adeptos.

El Tribunal de Estrasburgo ha determinado con toda claridad que Baltasar Garzón no estaba habilitado para instruir aquel proceso. No había imparcialidad posible en quien actuaba contra sus antiguos compañeros de partido; pero a muy poca gente pareció importarle. Pero la resolución del Tribunal de Derechos Humanos ha sido tardía, cuando todo el daño estuvo hecho.

Se produjo la paradoja, que todavía no está contada en todos sus detalles, el secuestro de Segundo Marey, obra del grupo controlado por Ricardo García Damborenea y San Cristóbal, desde Bilbao, que fueron puntal de apoyo de la estrategia política de José María Aznar, a quien el primero llegó a apoyar en mítines públicos. ¡Qué mezcla para qué fin¡

Otra paradoja. José Barrionuevo y Rafael Vera pusieron fin al terrorismo de Estado que llevaba actuando en España desde la época de la dictadura. No hubo ningún interés ni en Baltasar Garzón ni por supuesto en el PP ni en sindicato del crimen de investigar todos los muertos ocurridos en las épocas de Manuel Fraga, y los demás ministros de la UCD, en la que tuvieron que ver otras personas que están en el Partido Popular. Muchos más asesinatos de los que también ocurrieron en la época socialista; lo que pasa que aquellos no tenían utilidad política y los de la época de González sirvieron para derrocar su gobierno.

Con la victoria de José María Aznar hizo eclosión el franquismo agazapado. Los intelectuales de cabecera de Aznar y Mayor Oreja reabrieron la lectura histórica de la dictadura y dieron alas al tardofranqismo instalado hasta nuestros días. Muchos de ellos directamente financiados desde el Ministerio de Interior y desde la Presidencia del Gobierno.

Por último, la Ley de Memoria Histórica, que en principio estaba diseñada para cerrar todas las deudas pendientes con los herederos de las víctimas del franquismo, no ha servido prácticamente para nada. Pero pocos de los que protestan estos días quieren dirigir la mirada al presidente del Gobierno, que una vez más se hizo la foto y no realizó el trabajo pendiente. Lo urgente hubiera sido dotar de medios y de procedimientos legales para que los desenterramientos y la localización de las fosas comunes se hubieran hecho con toda celeridad. Es más fácil crear un mito que pedir responsabilidades.

Los hechos son tozudos y no son intercambiables. Ahora casi nadie quiere recordar que palancas utilizó José María Aznar para llegar a La Moncloa, pero sólo hay que visitar la hemeroteca para comprobar que nada de lo que aquí está escrito es mentira.

Convendría no desprestigiar la Ley de Amnistía, porque costó muchas vidas humanas de manifestantes que llevaron la pancarta para reivindicarla. Gracias a la Ley de Amnistía se vaciaron las cárceles de presos antifranquistas y se cerraron los sumarios del maldito Tribunal de Orden Público. Una ley hecha para beneficiar a los demócratas y no a los golpistas, que se vieron beneficiados como una reacción colateral. Antes de tumbar la Transición, convendría que se formularan propuestas para que el futuro fuera transitable, la izquierda rica en ideas y la extrema derecha expulsada del panorama político. Esa es la responsabilidad de nuestros gobernantes, como lo es la reforma de la Justicia. Lo demás es tirar piedras al sol. (Continuará)

Carlos Carnicero es periodista y analista político

Crisis (III). Corrupción, responsabilidades políticas, presunción de inocencia y efectos electorales

Muy pocas de las actitudes políticas que mantiene el PP serían posibles sin el concurso y, a veces, la iniciativa de los grupos mediáticos sensacionalistas que se agolpan en el espectro de la derecha más dura. La conjunción de una Iglesia Católica en uno de sus ciclos más duros de la historia moderna, un sector importante de la derecha financiera y empresarial y la prensa que vive de las subvenciones de las comunidades gobernadas por el PP, son el paraguas político y mediático para una derecha que casi no existe en Europa.

Es un sistema de ecos encadenados. Los sectores de prensa más conservadores lanzan un bulo o una hipótesis de trabajo insostenible, los líderes del PP la enganchan y la rebotan para que sea nuevamente recogida por los medios afines. Y es una espiral que no tiene fin.

El PP no está vinculado con la coherencia; su dialéctica es cambiante: no tiene sumisión a las leyes de la democracia ni a los límites en los que el Estado y sus instituciones se desgastan. Una y otra vez lanzan mensajes equívocos y falsos; luego se repliegan como si no tuviera que ver con ellos. Ocurrió con el gravísimo atentado de Atocha: la pinza entre Pedro J. y el PP funcionó durante años; se fue apagando con la investigación judicial hasta que se produjo la sentencia: ni siquiera entonces el PP se disculpó de todas las barbaridades que había dicho. El Mundo, por su parte, como el río Guadiana, aparece y desaparece con sus teorías sobre la conspiración. Y España tiene tan poco sentido autocrítico que no pide explicaciones; o mejor dicho, la intoxicación de los medios ultras es tan eficaz que permite a sus seguidores vivir cómodamente con sus contradicciones.

El caso es que el PP, especialista en otras épocas en pedir responsabilidades políticas, no las ejerce. Con un mecanismo de compensaciones, aparta temporalmente a los cuadros medios que están implicados judicialmente, les permite instalarse en el grupo mixto de los parlamentos autonómicos y pretende ganar tiempo hasta que escampe. Pero las responsabilidades políticas son complementarias e independientes de las penales y alcanzan a quienes tenían que haber tenido diligencia en impedir que los casos de corrupción se produjeran. De esa manera, la acumulación de contratos firmados entre la Comunidad de Madrid y la Generalitat del País Valenciano hacen imposible sustraer de responsabilidad política a Francisco Camps y a Esperanza Aguirre independientemente de que puedan haber incurrido en responsabilidades penales.

La sensación que quiere transmitir el PP es doble. De una parte, la pretensión de que está actuando con contundencia: aspecto a todas luces indefendible. Nada más que ver la situación de Luis Bárcenas y la permisividad que ha tenido con la cúpula del PP del País Valenciano. Pero, por otra parte, insiste en una conspiración de la policía y del sistema judicial español para “fabricar pruebas falsas” con lo que además genera la confusión de pretender que realmente no existe corrupción sino que es producto de un invento del aparato policial del gobierno socialista. Esta dislexia también es tolerada gracias a los grupos mediáticos que siembran la confusión.

Empieza a ser notorio que el escándalo le pasa factura electoral en la intención de voto de los ciudadanos manifestada en las encuestas. Pero todavía falta mucho tiempo y la velocidad de la comunicación política va dejado atrás los asuntos que se sustituyen por otros nuevos. De ahí la importancia de la prensa democrática y de calidad de que no se olviden las tropelías inmersas en procesos judiciales que a veces son muy lentos. (Continuará)

Carlos Carnicero es periodista y analista político

La reestructuración autonómica (I)

Es difícil sustraerse a la idea de que en España existe una crisis global y profunda que inunda casi todos los aspectos de la vida económica, política e institucional. En realidad es una crisis poliédrica que va generando nuevos vértices y nuevos ángulos sin que haya cerrado ninguno de los que le preceden. El manejo de los problemas es así mismo parcial, sin entender que la conjunción obliga a dar respuestas especificas y globales al mismo tiempo.

Podemos detenernos en analizar el origen y la responsabilidad de cada crisis o de cada aspecto de la crisis, pero tal vez sea tarde para eso: no queda tanto tiempo disponible para elucubrar porque los remedios deben ser inmediatos salvo que se esté dispuesto a participar en una nueva ocasión perdida de España de instalarse en la vanguardia del mundo civilizado. Lo cierto es que en las dos legislaturas que ha gobernado José Luis Rodríguez Zapatero, con el grado que le corresponda de responsabilidad a él mismo, se han deteriorado principios, instituciones y valores que parecía sólidamente anclados en nuestro paisaje democrático e institucional.

Podemos empezar por el Estado de las Autonomías. Ahora parece ridícula la prioridad que se le dió al recambio del Estatuto de Cataluña. Aquellas energías debieran haberse aplicado a cambiar nuestro sistema económico. En la intimidad, casi todo el mundo apostaría por haberse ahorrado ese trámite que no ha cambiado tanto las competencias de gobierno de la Generalitat como ha abierto fosas de distancia entre los catalán y lo español, prolongado en el tiempo de manera un tanto incomprensible la dialéctica agotadora de varios siglos. El mundo se conforma en una globalización trepidante mientras aquí seguimos empeñados en cavilaciones identitarias que por puro aburrimiento no queda más remedio que calificarlas de tribales. Protegemos nuestras fronteras interiores mientras los fondos de alto riesgo pueden pernear y penetrar cualquier resquicio de nuestra soberanía autonómica.

La bronca catalana no tiene fin y la que se avecina es más un principio: si el Tribunal Constitucional, caducado, dividido, desprestigiado, termina por decidir una sentencia, está asegurada la bronca que debiera ser sustituida por la incondicionalidad. Y por otro lado la sentencia es inaplazable.

Todo empezó con aquella frase: “aceptaré el estatuto que se envíe desde el Parlamento de Cataluña” con la que inició Zapatero su elipsis permanente de voluntarismo. Ahora Pascual Maragall está prácticamente retirado de la política, enfermo, luchando con gran diginidad con el Alzaheimer. Logró un nuevo estatuto y no pudo administrarlo; quienes lo combatieron con ferocidad, como es el caso de ERC, teminó formando parte del gobierno que tenía que desarrollar lo que repudiaban, mientras el PP, que también se opuso, recurría al Tribunal Constitucional y establecía los mimbres de una crisis institucional sin precedentes próximos y que tal vez sólo sea posible encontrarlos en el empate de la sentencia sobre la expropiación de Rumasa que también daño gravemente la imagen de la institución y de su presidente que deshizo el empate con su voto de calidad. Ahora será difícil pedir serenidad ante esta sentencia tardía, discutida hasta la extenuación y tramada con hilo de desesperación cuando el tiempo ya se ha agotado.

Y, ¿quien se obsesiona con este estatuto, al margen de la utilidad que tenga como instrumento de deterioro del adversario? La encuestas dicen que las preocupaciones de los catalanes van tan por otro lado, que los gobernantes han abandonado, tal vez momentáneamente, sus propias obsesiones identitarias para dar la sensación de que les preocupa la vida cotidiana de los ciudadanos. José Montilla ya no reitera sus oangustias sobre la desafección de Cataluña con España aunque sólo sea porque está mucho más preocupado por la desafección que promueve su gobierno tripartito y el riesgo cierto de perder el Gobierno de la generalitat. Y ahora, a lo mejor, se para a reflexionar sobre los riesgos que en política tiene ocupar un espacio que no es propio y que siempre se piensa que administra mejor el original que el sucedáneo. Los electores prefieren sus productos con cafeína.

En todo caso, no parece que la profunda crisis política que en la sociedad catalana se abrió con el nuevo estatuto se vaya a cerrar antes de la celebración de las elecciones autonómicas. No falta tanto.

Carlos Carnicero es periodista y analista político