Muy pocas de las actitudes políticas que mantiene el PP serían posibles sin el concurso y, a veces, la iniciativa de los grupos mediáticos sensacionalistas que se agolpan en el espectro de la derecha más dura. La conjunción de una Iglesia Católica en uno de sus ciclos más duros de la historia moderna, un sector importante de la derecha financiera y empresarial y la prensa que vive de las subvenciones de las comunidades gobernadas por el PP, son el paraguas político y mediático para una derecha que casi no existe en Europa.
Es un sistema de ecos encadenados. Los sectores de prensa más conservadores lanzan un bulo o una hipótesis de trabajo insostenible, los líderes del PP la enganchan y la rebotan para que sea nuevamente recogida por los medios afines. Y es una espiral que no tiene fin.
El PP no está vinculado con la coherencia; su dialéctica es cambiante: no tiene sumisión a las leyes de la democracia ni a los límites en los que el Estado y sus instituciones se desgastan. Una y otra vez lanzan mensajes equívocos y falsos; luego se repliegan como si no tuviera que ver con ellos. Ocurrió con el gravísimo atentado de Atocha: la pinza entre Pedro J. y el PP funcionó durante años; se fue apagando con la investigación judicial hasta que se produjo la sentencia: ni siquiera entonces el PP se disculpó de todas las barbaridades que había dicho. El Mundo, por su parte, como el río Guadiana, aparece y desaparece con sus teorías sobre la conspiración. Y España tiene tan poco sentido autocrítico que no pide explicaciones; o mejor dicho, la intoxicación de los medios ultras es tan eficaz que permite a sus seguidores vivir cómodamente con sus contradicciones.
El caso es que el PP, especialista en otras épocas en pedir responsabilidades políticas, no las ejerce. Con un mecanismo de compensaciones, aparta temporalmente a los cuadros medios que están implicados judicialmente, les permite instalarse en el grupo mixto de los parlamentos autonómicos y pretende ganar tiempo hasta que escampe. Pero las responsabilidades políticas son complementarias e independientes de las penales y alcanzan a quienes tenían que haber tenido diligencia en impedir que los casos de corrupción se produjeran. De esa manera, la acumulación de contratos firmados entre la Comunidad de Madrid y la Generalitat del País Valenciano hacen imposible sustraer de responsabilidad política a Francisco Camps y a Esperanza Aguirre independientemente de que puedan haber incurrido en responsabilidades penales.
La sensación que quiere transmitir el PP es doble. De una parte, la pretensión de que está actuando con contundencia: aspecto a todas luces indefendible. Nada más que ver la situación de Luis Bárcenas y la permisividad que ha tenido con la cúpula del PP del País Valenciano. Pero, por otra parte, insiste en una conspiración de la policía y del sistema judicial español para “fabricar pruebas falsas” con lo que además genera la confusión de pretender que realmente no existe corrupción sino que es producto de un invento del aparato policial del gobierno socialista. Esta dislexia también es tolerada gracias a los grupos mediáticos que siembran la confusión.
Empieza a ser notorio que el escándalo le pasa factura electoral en la intención de voto de los ciudadanos manifestada en las encuestas. Pero todavía falta mucho tiempo y la velocidad de la comunicación política va dejado atrás los asuntos que se sustituyen por otros nuevos. De ahí la importancia de la prensa democrática y de calidad de que no se olviden las tropelías inmersas en procesos judiciales que a veces son muy lentos. (Continuará)
Carlos Carnicero es periodista y analista político
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