Si hemos convenido que la recuperación del franquismo sociológico y soterrado se debe a la gestión política de José María Aznar, habrá que establecer también que es urgente aislar ese tardo fascismo por fórmulas y procedimientos democráticos. Pero siempre desde el respeto a la ley. No es malo recordar ahora la reciente sentencia de Egunkaria como faro que debe guiar los pasos legislativos para que el respeto a la Constitución sea en norte de las más enérgicas respuestas a toda fórmula de fascismo.
El pensamiento autoritario no tiene una formulación política organizada relevante en España. Muchos de quienes serían votantes de un personaje semejante a Le Pen en España encuentran acomodo en el Partido Popular, que juega con dobles varas de medir, juntándose a los postulados más reaccionarios de la Iglesia Católica, para separarse formalmente de ellos cuando el efecto sociológico ya se ha instalado en la parte de la sociedad que quiere tener rehén de sus presupuestos electorales por la derecha. Ha ocurrido con la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo y ocurrió con la vinculación estrecha a las plataformas más conservadoras de víctimas del terrorismo.
Ocurre que la falta de consecuencia del PP le permite escaparse en el límite de las situaciones cuando pudiera quedar encallado en sus posiciones ultramontanas. Pero dentro del PP existen dirigentes de distinta sensibilidad que se unifican al toque de la tecnología de la confrontación.
Hay quién se pregunta que cómo es posible que Falange se pueda querellar contra el Juez Garzón. La respuesta es muy sencilla: porque esa ominosa organización es legal en España. Está inscrita en el Ministerio de Interior como partido legal y cuenta con todos los derechos constitucionales. Pero, ¿por qué es legal? Pues sencillamente porque nadie se habrá tomado la molestia de promover una causa de ilegalización por motivos semejantes a los que fue ilegalizada Batasuna. Y de eso no tiene responsabilidad el Tribunal Supremo; hay un problema político previo, que es la voluntad del ejecutivo de instar a su ilegalización.
En la confusión que reina en España entre procedimientos y motivaciones jurídicas y aquellos que son de índole político, los partidos están perdiendo la iniciativa y la sociedad les va a tomar la delantera. El Gobierno socialista quiso apoderarse de la solución de los problemas pendientes de la dictadura y con todo tipo de propaganda elaboró una Ley de Memoria Histórica que lejos de solucionar los problemas que pretendía los ha conseguido sacar del cauce institucional y desbordarlos fuera de las instituciones.
En ese contexto, la situación actual es de enorme gravedad. Una parte de la sociedad ha identificado al Juez Garzón con la causa de las víctimas de la guerra civil, ungiéndole de una pátina de héroe con la que quieren blindarle contra todo tipo de responsabilidades en el ejercicio de su cargo. Para ello han establecido las conexiones del Tribunal Supremo -cuyo presidente conservador fue designado personalmente por el presidente del Gobierno- con la extrema derecha y con una operación conspirativa para acabar con la carrera del magistrado Garzón. Ninguno de los tres procedimientos incoados para estas causas les parece razonable. Pretenden, sencillamente, que Garzón quede al margen de la ley, porque no se trata de condenas establecidas sino de investigaciones en curso por distintos magistrados a los que universalmente se les hace caer en la responsabilidad de fascistas, habiendo llevado el fiscal Carlos Jiménez Villarejo al paroxismo de decir que son cómplices o corresponsales de las atrocidades del franquismo. Si el criterio es general, apoyado en el hecho de que estos jueces ya lo eran con anterioridad a la muerte del dictador Franco en 1.975, la nómina es extensa e incluiría al propio fiscal Villarejo que lo fue de ese sistema judicial represivo desde 1,966. Si se van a establecer excepciones, convendría un vademécum e inventario para salvar a los inocentes en estos tiempos de causas generales. O ahora es franquista todo juez y toda persona que observe indicios de delito en los comportamientos de Garzón; ¿tendrá razón entonces el PP cuando plantea que las pruebas de la corrupción se fabrican en los laboratorios de la policía socialista? Si cada parte elabora una teoría de la conspiración para salvar a los suyos, la suerte de este país está echada.
Pero de donde nace este desbordamiento de pasiones encontradas que no se recordaba en España desde los tiempos del golpe de estado del 23-F. Zapatero abrió una vía que se ha quedado estrecha y ahora está desbordada, porque lo que se discute es si el atajo que quiso tomar Garzón para superar una Ley de Memoria Histórica estrecha, era legal o no lo era. Si lo que se le niega al Tribunal Supremo es la legitimidad para pronunciarse sobre ello, estamos ante una situación sin fácil salida en la que la salvación y la exaltación de un juez polémico va a terminar con el prestigio de la más alta magistratura. Habida cuenta de que el Tribunal Constitucional está en la picota por el Estatuto Catalán, la situación no puede ser más delicada.
¿Donde está el Gobierno y donde los demás partidos parlamentarios en esta alta tensión sobre las instituciones? Pareciera que están de oyentes; siguen si ponerse de acuerdo en los instrumentos de reforma del Poder Judicial, si es que estima que esa reforma es necesaria. Y, por otro lado, los nombramientos y los mecanismos para llevarlos a cabo también dependen del parlamento. ¿Por qué nadie les reclama a los partidos su absentismo y su responsabilidad, y en primer lugar al Gobierno?
No queda mucho tiempo para que el deterioro sea irreversible. Y el presidente de Gobierno, que tuvo la iniciativa de la ley de Memoria Histórica y tiene la llave para la renovación de las instituciones, no puede mantenerse al margen observando como la calles se inflama y pidiendo que las críticas se hagan desde la calma. Quien considere que el Tribunal Supremo no es respetable y no debe ser respetado que lo grite a los cuatro vientos. Yo me quedo con el Estado de Derecho y sus déficit los reclamo al poder ejecutivo y al poder legislativo, que tienen toda la legitimidad y todo le poder para cambiar las cosas que no les gusten y para modificar radicalmente las más altas instituciones. No hacer nada, observar en silencio este deterioro y pretender que todo obedece a fuerzas ocultas era hasta ahora el privilegio de las teorías de la conspiración de la derecha más reaccionaria y de los medios de comunicación más abominables. Si generalizamos la utilización de la sospechas sobre las instituciones y sobre quienes las componen sólo habremos homologado los comportamientos de la derecha con los de una parte significativa de la izquierda. Un precio excesivo para la exaltación universal y el blindaje de responsabilidad penal de un juez con una trayectoria cuando menos cuestionable.
PD: cada día hay menos diferencias entre muchos fanáticos de la izquierda con los de la derecha. Las opiniones vertidas en forma de insultos, juicios de intención y descalificación global retratan a una parte de la sociedad que está tan enferma si pretende blindar esos comportamientos en ideologías progresistas o conservadoras. El pensamiento autoritario es envolvente y disuelve todas las ideologías. Los fanáticos son sencillamente agotadores, pero sobre todo para ellos mismos. Habrá que regalar espejos para que se miren por la mañana quienes así actúan cada vez que se expresan.
Carlos Carnicero es periodista y analista político
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